Con 377 votos a favor y 102 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En lo particular, el dictamen fue avalado con la mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. 
Principales cambios propuestos
Esta iniciativa modifica los artículos constitucionales 115, 116 y 134, para reducir gastos en ayuntamientos y congresos locales.
La reforma limita el número de regidores a un máximo de 15 por municipio, establece un tope del 0.70% al presupuesto de los congresos estatales.
De igual forma, subraya que las remuneraciones económicas de los consejeros, magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no deben exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Asimismo, busca garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
También plantea la reducción progresiva del presupuesto anual del Senado de la República durante cuatro años consecutivos, a fin de lograr una reducción del 15% al término del periodo.
Adicionalmente, establece que no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Lo que sigue
La minuta ya fue enviada a los congresos estatales para su revisión, con fecha límite del 30 de mayo de 2026 para armonizar leyes locales.
Cabe precisar que este “Plan B” de la reforma electoral surgió tras el rechazo de la iniciativa original presentada en marzo de 2026, por la Presidenta de México.
La propuesta inicial no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, debido a la oposición de PAN y PRI.
Dicha reforma original buscaba eliminar diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento a partidos y eliminar 32 senadurías de representación proporcional.
